La dictadura
cívico militar (1973-1985)
Antecedentes del Golpe de Estado de 1973
El Golpe de Estado de 1973 estuvo precedido por un proceso de crisis gradual del sistema político cuyo inicio podría fecharse en 19671. Caracterizado por el deterioro de la democracia y del Estado de Derecho, este período ha sido denominado por Álvaro Rico como “el camino democrático de la dictadura”2, donde se asistió a una auto-transformación del Estado de Derecho en Estado policial.
El Golpe de Estado de 1973 estuvo precedido por un proceso de crisis gradual del sistema político cuyo inicio podría fecharse en 19671. Caracterizado por el deterioro de la democracia y del Estado de Derecho, este período ha sido denominado por Álvaro Rico como “el camino democrático de la dictadura”2, donde se asistió a una auto-transformación del Estado de Derecho en Estado policial.
La agudización de la violencia es otro de
los elementos que permiten caracterizar los años previos a la dictadura. La
irrupción de la lucha armada como camino de transformación impulsada por
algunas organizaciones políticas, como fue el caso del Movimiento de Liberación
Nacional- Tupamaros (MLN), se inscriben en un clima de agitación revolucionaria
que trasciende a la esfera nacional. Las movilizaciones sociales crecientes
fueron acompañadas por los procesos de unidad sindical y de la izquierda
uruguaya. Estos procesos culminan con la formación de la Convención Nacional de
Trabajadores en 1964 y del Frente Amplio en 1971.
En contrapartida las prácticas represivas por parte del Estado se fueron extendiendo y profundizando. La aplicación sistemática de la tortura a los detenidos fue denunciada en reiteradas ocasiones al tiempo que aumentaban las acciones de los grupos de ultra derecha.
El avance del autoritarismo a nivel de la esfera pública provocó la reestructuración del mundo privado, instalando el clima de sospecha, la duda, la desconfianza. El miedo comenzó a calar hondo en la sociedad uruguaya. Las Medidas Prontas de Seguridad fueron utilizadas de forma sistemática por parte del gobierno en aras de combatir a la “subversión” que era representada tanto por la guerrilla como por todos aquellos que respondían al “marxismo internacional”.
En enero de 1972, Juan María Bordaberry asumía la presidencia de la República como el nuevo mandatario electo. El 14 de abril del mismo año, el MLN lanzó su plan de ofensiva contra el grupo de ultra derecha “Escuadrón de la Muerte”. Luego de una jornada sangrienta que culminó con 11 personas asesinadas3; el Parlamento declaró el “Estado de Guerra Interno” que se extendió hasta el 10 de julio de 1972 con la aprobación de “Ley de Seguridad del Estado” (que estará vigente durante toda la dictadura). De esta manera quedaban suspendidas las garantías individuales.
El deterioro de la democracia era visible para todos los sectores
políticos y para la población en general mientras que la injerencia de los
militares en la vida pública iba creciendo. Una vez finalizada la fuerte
contraofensiva militar contra el MLN que logró desmantelar a la organización,
el Presidente mostró claras intenciones de alejar de escena a las Fuerzas
Armadas.
Llegamos, de esta manera, a la crisis de
febrero de 1973. Ante el nombramiento del Gral. Antonio Francese para el cargo
de Ministro de Defensa Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea
emitieron, el 8 de febrero un comunicado solicitando al Presidente que relevara
del cargo al nuevo ministro. Por su lado, la Armada Nacional, fiel a Bordaberry
ocupó la Ciudad Vieja, bloqueándola en señal de apoyo.
Paralelamente el Ejercito y la Fuerza
Aérea, emitieron los comunicados 4 y 7 -el 9 y 10 de febrero. Éstos provocaron
una gran confusión en diversos sectores políticos y sociales que apoyaron la
postura de los militares al considerarlas más progresistas que las que
representaba el Poder Ejecutivo. De esta forma se produjo un mayor aislamiento
del Presidente que veía como se multiplicaban las voces que pedían su renuncia.
Ante esta situación, es Bordaberry quien pone punto final a la crisis
institucional, tras acordar con los militares el 13 de febrero de 1973, en lo
que ha sido llamado el “Pacto de Boisso Lanza”. En el mismo se estipuló la
creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), integrado por el
Presidente, algunos ministros, los Comandantes de las tres armas y el Jefe del
Estado Mayor Conjunto. La presencia de las Fuerzas Armadas en la vida pública
del país quedaba, así, institucionalizada.
El 25 de abril de 1973, el Poder Ejecutivo
solicitó al Senado el desafuero del Senador Enrique Erro, por supuestas
vinculaciones con el MLN- T, el cual será rechazado por la Cámara de
Representantes, por un solo voto de diferencia. Las discusiones que se
generaron al respecto del desafuero agudizaron las tensiones entre el elenco
parlamentario y los mandos castrenses.
El 1º de junio Bordaberry reimplanta las
Medidas Prontas de Seguridad, provocando el retiro del apoyo de la “Lista 15”
al gobierno. Los conflictos con los partidos políticos siguen profundizándose:
es detenido el presidente del Directorio del Partido Nacional al tiempo que se
anuncia el envío por parte del Ejecutivo del pedido de desafuero del diputado
nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz. La crisis política se agravaba cada
vez más.
Golpe de Estado y Huelga General
En la madrugada del 27 de junio, el
Presidente Juan María Bordaberry firmó, junto a los Ministros de Defensa e Interior, el decreto de disolución del
Parlamento. De esta manera es el presidente electo constitucionalmente quien
“…en dicho acto (autogolpe) deviene dictador de facto. No existió, pues, ni
usurpación, ni vacío, sino continuidad y unidad del poder estatal…”4
La respuesta de la Convención Nacional de
Trabajadores (CNT) fue inmediata y la Huelga General fue declarada el mismo 27
de junio, procediéndose a la ocupación -por parte de los obreros- de los
lugares de trabajo. Esta medida fue acompañada por la Federación de Estudiantes
Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsando la paralización de las
actividades curriculares y la ocupación de los centros de estudio. La
respuesta del gobierno no se hizo esperar y el 30 de junio se emitió el decreto
de disolución de la CNT y se dispuso la clausura de sus locales y el arresto de
dirigentes sindicales. El 11 de julio la central decidió levantar la huelga en el marco de
una represión creciente que provocó que el gobierno debiera habilitar el
Cilindro Municipal como centro de detención, debido a que la capacidad de las
cárceles y de otros establecimientos de reclusión se encontraba saturada.
La Huelga General se extendió a lo largo
de 15 días y fue acompañada por distintas acciones del movimiento popular:
manifestaciones relámpago (la más significativa de ellas fue la realizada el 9
de julio sobre la avenida 18 de julio5), reorganización inmediata de las
ocupaciones luego de los desalojos, volanteadas, pintadas; llegando a
realizarse el simbólico acto de apagar la llama de la refinería de ANCAP,
ubicada en el barrio La Teja.
Como contraparte, la política represiva desplegada por el gobierno dejó como saldo cientos de detenidos y heridos y dos trabajadores asesinados: Walter Medina (6 de julio) y Ramón Peré (9 de julio).
Como contraparte, la política represiva desplegada por el gobierno dejó como saldo cientos de detenidos y heridos y dos trabajadores asesinados: Walter Medina (6 de julio) y Ramón Peré (9 de julio).
En lo que refiere al movimiento
estudiantil, las autoridades decidieron realizar en setiembre de 1973, las
elecciones universitarias bajo el control de la Corte Electoral. En todos los
servicios universitarios triunfaron los sectores de oposición a la dictadura,
convirtiendo a este acto eleccionario en un fracaso para los objetivos del
gobierno. A esta instancia se le suma el suceso del 27 de octubre de
1973, donde luego de la explosión de una bomba en la Facultad de Ingeniería,
fue intervenida la Universidad de la República al tiempo que fueron detenidos
el Rector y la mayoría de los Decanos. A partir de ese momento se inició un
proceso de depuración de los principales cuadros docentes universitarios.
Por último el 28 de noviembre fueron ilegalizadas las actividades de casi
todos los partidos o grupos de izquierda y de la FEUU.
Breve síntesis del proceso político de
la dictadura
El 27 de junio de 1973 comenzó a
organizarse el aparato institucional que daría forma al gobierno de facto. De
esta manera, a través del mismo decreto que disolvió el Parlamento, se creó el
Consejo de Estado, cuyas atribuciones fueron: desempeñar las funciones de la Asamblea General y controlar la gestión del Poder
Ejecutivo en lo referente al respeto a los derechos individuales y a las normas
constitucionales y legales. A su vez debía elaborar un anteproyecto de reforma
constitucional. Dicho Consejo inició sus funciones el 19 de diciembre de 1973
siendo su primer presidente el ex senador nacionalista Martin Echegoyen.
El mismo día del Golpe de Estado se emitió
el decreto de disolución de las Juntas Departamentales que fueron sustituidas
por las Juntas de Vecinos, cuyos miembros (nueve para Montevideo y siete para
las 18 restantes) serían designados por el Poder Ejecutivo. Las principales
funciones gubernamentales fueron absorbidas por las Intendencias Municipales.
Cabe señalar que la totalidad de los intendentes fueron confirmados en sus cargos,
registrándose sólo la renuncia del Prof. Amaral, intendente de Rocha.
El ya mencionado decreto del 28 de
noviembre de 19736 ilegalizó a los
siguientes partidos o grupos políticos: Grupos de Acción Unificadora (GAU),
Movimiento 26 de marzo, Movimiento Revolucionario Oriental, Partido
Comunista Revolucionario (PCR), Partido Comunista del Uruguay (PCU), Partido Socialista (PS), Unión
Popular y Unión de Juventudes Comunistas (UJC).
La participación de las Fuerzas Armadas
había sido institucionalizada en febrero de 1973, tras la creación del Consejo
de Seguridad Nacional (COSENA) cuya integración era mixta en tanto participaban
civiles y militares. Éste organismo y la Junta de Comandantes en Jefe (JCJ) de
las tres Armas, jugaron un papel fundamental durante el proceso dictatorial
tanto para la coordinación de la gestión gubernamental como para la
planificación de medidas políticas y represivas.
Bajo los principios rectores de la
Doctrina de Seguridad nacional (DSN) se aprobó en 1974 una nueva Ley Orgánica
Militar, que completaba la institucionalización del COSENA, la JCJ y el Estado
Mayor Conjunto (ESMACO).
A partir de ese año, el número de funcionarios
militares que comenzaron a ocupar cargos en el aparato estatal fue aumentado
considerablemente. Este proceso de “militarización” del Estado implicó que
integrantes de las Fuerzas Armadas fueran designados como interventores de
distintos Entes Autónomos y para distintos cargos dentro de la administración
pública. Estas medidas se enmarcan dentro de una política de control y
vigilancia de la sociedad civil comprendida dentro de la lógica de combate al
enemigo interno.
Como mecanismo para fortalecer la idea de
un proyecto nacional, 1975 fue fijado como el “Año de la Orientalidad” en el
marco de los festejos del “Sequiscentenario de los Hechos Históricos de 1825”.
Toda una serie de dispositivos conmemorativos se desplegaron en el correr del
mismo año en el que comienzan a manifestarse las primeras divergencias entre el
elenco castrense y el presidente Juan María Bordaberry.
Estas diferencias se pusieron de
manifiesto a la hora de definir el camino que debía tomar el gobierno en 1976
(año en el que – constitucionalmente- deberían ser realizadas las elecciones
nacionales). Los planteos de Bordaberry se orientaban a la fundación de un
nuevo régimen político donde el sistema de partidos como tal no tendría cabida.
Este último punto resultó inadmisible para los mandos militares que decidieron
la destitución del presidente el 12 de junio de 1976.
A partir de ese momento asumió -de forma
transitoria- la presidencia Alberto Demicheli, quien pertenecía al Partido Colorado, y las elecciones previstas para ese año fueron
suspendidas. Se creó el Consejo de la Nación, integrado por el Consejo de
Estado y la Junta de Oficiales Generales y que, entre sus facultades, poseía la
potestad de designar al Presidente así como a los miembros del Consejo de
Estado y de otros ámbitos gubernamentales de extrema importancia. Pocos meses
después, el 1º de setiembre de 1976, la presidencia de la República pasó a
manos de Aparicio Méndez, de filiación blanca.
Una de las primeras medidas de Méndez fue
la firma de una serie de Actos Institucionales, dentro de los cuales se
estableció la proscripción de toda actividad política. Estos actos constituían
una serie de normas de carácter constitucional que sustituían a la Carta Magna
en tanto se proyectaba una reforma de la misma.
A partir de ese momento asistimos a lo que
Carlos Demasi denomina como “giro castrense” que no implicó el alejamiento de
los civiles del gobierno “…pero definió de otra forma las reglas de su
participación: los cuadros políticos debían esperar autorización para hablar en
público, o aleccionar a algún militar para que fuera este el que hablara.”7
En agosto de 1977 los comandantes
presentaron un “Cronograma político” donde se anunciaba la realización de
elecciones para 1981 con una única candidatura y la apertura a más candidatos
para 1986. Al mismo tiempo expresaron su voluntad de realizar una reforma
constitucional en aras de legitimar las transformaciones introducidas por medio
de los actos institucionales.
El acto plebiscitario se produjo el 30 de
noviembre de 1980 y la población debía manifestarse por “Si” o por “No”
al proyecto constitucional. Esta instancia significó la derrota del proyecto
impulsado por la dictadura tras la victoria del “No” por 57,9% de los
votos. Los momentos previos al plebiscito implicaron una gran movilización
política; las autoridades desplegaron una gran campaña publicitaria mientras
que aquellos que se oponían a la dictadura realizaron las más diversas
actividades propagandísticas tanto de forma clandestina como en el marco de una
restringida legalidad. A partir de esta derrota se abre una nueva etapa del
proceso político.
En 1981 se aprobó el Acto Institucional Nº
11 donde se establecía una transición de tres años, y se preveía que en 1982 se
realizarían elecciones internas en los partidos políticos autorizados: Partido Colorado, Partido Nacional y la Unión Cívica. Por el mismo
acto se designaba un nuevo presidente; cargo que el 1º de setiembre asumió el
Teniente General ® Gregorio Álvarez.
En lo que respecta a las elecciones
internas, las mismas implicaron la desproscripción de una buena parte de la
oposición y la reactivación de la vida política. Los partidos acordaron las
candidaturas a presentar y quedaron establecidas claramente dos alternativas:
los opositores a la dictadura y los que apoyaban al gobierno de facto.
La exclusión de la izquierda suscitó que se organizara un movimiento que promovía el voto en blanco como forma de expresar el apoyo al Frente Amplio. Sin embargo no faltaron los debates entre los diferentes sectores que conformaban la coalición sobre cómo actuar frente a las elecciones internas. La iniciativa del voto en blanco fue impulsada por el Gral. Líber Seregni desde la prisión y, pese algunas opiniones que se inclinaban por el apoyo a los sectores progresistas de los partidos tradicionales; la izquierda se alineó en torno a esta propuesta. Desde el exterior y en la clandestinidad, los militantes se movilizaron para marcar la presencia y vigencia del Frente Amplio.
La exclusión de la izquierda suscitó que se organizara un movimiento que promovía el voto en blanco como forma de expresar el apoyo al Frente Amplio. Sin embargo no faltaron los debates entre los diferentes sectores que conformaban la coalición sobre cómo actuar frente a las elecciones internas. La iniciativa del voto en blanco fue impulsada por el Gral. Líber Seregni desde la prisión y, pese algunas opiniones que se inclinaban por el apoyo a los sectores progresistas de los partidos tradicionales; la izquierda se alineó en torno a esta propuesta. Desde el exterior y en la clandestinidad, los militantes se movilizaron para marcar la presencia y vigencia del Frente Amplio.
Las elecciones se llevaron a cabo el 28 de
noviembre de 1982, el 60,61% de los habilitados a votar concurrieron a los
comicios y resultaron ganadoras las listas opositoras a la dictadura. A partir
de ese momento comenzaron a funcionar las Convenciones partidarias y se
iniciaron las conversaciones con el gobierno para pautar los caminos a seguir
para la salida de la dictadura. Las primeras conversaciones se llevaron a cabo
entre mayo y julio de 1983 en el Parque Hotel y duraron hasta que los partidos
decidieron abandonarlas por entender que era inadmisible continuar las
negociaciones en tanto se mantenían las prácticas represivas.
Al mismo tiempo, buena parte de la
sociedad uruguaya comenzaba a movilizarse; varios espacios culturales brindaron
un lugar para el desarrollo de acciones de resistencia, profundizando diversos
mecanismos que se habían desarrollado a lo largo de los años de opresión para,
por ejemplo, burlar la censura. Los gremios comenzaron, paulatinamente, a
reactivarse. En ese sentido el gobierno autorizó la creación de
asociaciones de trabajadores por empresa que se nucleó en el Plenario Intersindical
de Trabajadores (PIT) y permitió la realización de un acto para el 1º de
mayo de 1983, que resultó multitudinario. El movimiento estudiantil, por su
parte, conformó la Asociación Social y Cultural de Estudiantes de la Enseñanza
Pública (ASCEEP).
Hacia mediados de 1983 comenzaron los
primeros apagones y caceroleos masivos como forma de expresar el repudio a la
dictadura y en setiembre se realizó la “semana del estudiante” con una
convocatoria altamente exitosa. En este marco de creciente movilización social
fue creada la “Intersectorial” como espacio de coordinación entre los partidos
políticos y las organizaciones sociales. El momento culmine de este proceso fue
el acto del 27 de noviembre llevado a cabo en los alrededores del Obelisco de
Montevideo y bajo la consigna “Por un Uruguay democrático y sin exclusiones”.
En julio de 1984 se reiniciaron las
conversaciones entre los partidos y los militares, pero esta vez el ausente fue
el Partido Nacional. La negativa de los “blancos” se debía a la reclusión a la
que era sometido Wilson Ferreira Aldunate, líder del sector más “progresista”,
quien había regresado al país el 16 de junio siendo detenido de forma
inmediata. De esta manera las negociaciones fueron llevadas adelante por el
Partido Colorado, la Unión Cívica y la izquierda (cuyo principal
dirigente, Líber Seregni, ya había sido liberado pero se encontraba
proscripto).
Como resultado de las primeras
conversaciones se fueron derogando algunos de los Actos Institucionales, y se
inició la liberación gradual de los presos políticos. Al mismo tiempo se
anunció la desprocripción del Frente Amplio pero se mantenía ilegal al Partido
Comunista.
El 23 de agosto de 1984, en el Club
Naval se concretó el acuerdo entre militares y políticos y se fijaron las
elecciones para noviembre. En setiembre se organizó, con la participación
de los partidos políticos y distintas organizaciones sociales, la Concertación
Nacional Programática (CONAPRO). Este espacio tenía como objetivo lograr
acuerdos y fijar criterios para el futuro gobierno democrático.
El 25 de noviembre se llevaron a cabo las
elecciones nacionales, muchos políticos continuaban proscriptos y varios miles
de ciudadanos tenían vetada la posibilidad de votar. La victoria recayó en el
Partido Colorado y el 1º de marzo de 1985 asumió la
presidencia, el Dr. Julio María Sanguinetti.
La política económica: Profundización y
fracaso de la liberalización
En 1973 se realizaron dos cónclaves8 de gobierno; el primero
de ellos se llevó a cabo a fines de agosto en el fuerte de San Miguel en el
departamento de Rocha. El segundo se realizó en el mes de octubre en el
departamento de Colonia. Allí se establecieron las pautas de las acciones
económicas que se iban a desarrollar bajo la idea motora de liberalizar la
economía y siguiendo las indicaciones esbozadas en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y
aprobado por el PE el 4 de abril de 1973. Algunas de las premisas planteadas en
dicho plan eran: limitar el papel del Estado en materia de intervención
económica, realizar una apertura económica hacia el exterior, jerarquizar el
papel del empresario privado y promover el ingreso de capitales extranjeros.
La crisis del petróleo que se produce en
el mes de octubre provocó la necesidad de ajustar algunos de los lineamientos
planteados, debido a que al alza del precio del crudo y el cierre del mercado
europeo generaron un desequilibro externo que debía ser enfrentado a través de
la imposición de ciertas medidas económicas. Es así que el rol de Estado se
mantiene, en algunos sentidos, como intervencionista; esta experiencia
económica ha sido denominada por Jorge Notaro como “intervencionismo
reestructurador”.9 De esta forma y con el
objetivo de impulsar la diversificación de las exportaciones, se tomaron
algunas medidas que procuraban incentivar al sector agro-industrial:
exoneración impositiva para algunos productos, líneas de crédito preferenciales
y facilidades fiscales. Todos aquellos productos que eran exportables fueron
declarados de interés nacional.
En 1974 la JCJ comenzó a participar activamente en el Consejo Económico y Social que asistía al gobierno en materia económica al tiempo que oficiaba de contralor de que se siguieran las medidas acordadas en los cónclaves mencionados. En julio del mismo año, Alejandro Végh Villegas asumió como Ministro de Economía logrando concretar algunas de las medidas liberalizadoras iniciadas en 1973 así como el fortalecimiento de la producción nacional.
Para atraer a los capitales extranjeros se
implementaron diversas medidas: se promulgó la Ley de inversiones extranjeras,
se promovió la reducción del costo de la mano de obra y se dio inicio a un
intenso proceso de liberalización y apertura del sistema financiero uruguayo y
del mercado cambiario. En mayo de 1975 se aprobó la ley de libre
convertibilidad del peso uruguayo para los movimientos financieros y la libre
transferibilidad de capitales. En marzo de 1976 se eliminó el curso forzoso de
la moneda nacional y unos meses después se liberaron los topes de posiciones en
moneda extranjera de los bancos. Jaime Yaffé expresa que: “al cabo de este
proceso el mercado financiero uruguayo quedó completamente liberalizado lo
mismo que los movimientos de capitales desde y hacia el país, iniciándose un
proceso de dolarización de la economía”.10
Otra de las líneas económicas que
caracterizan a este período fue el impulso de las exportaciones no
tradicionales que permitió el crecimiento de industrias como la textil, el
cuero, la química y la de algunos minerales no metálicos.
Para promover las exportaciones se impuso
un tipo de cambio real elevado al tiempo que la caída del salario real
favorecía que los costos de producción fueran competitivos en el mercado
internacional. La diversificación de los mercados compradores fue otro de los
pilares de esta política, de esta manera se establecieron relaciones
comerciales con países asiáticos y árabes al tiempo que se suscribieron
acuerdos con países de la región. Esto último provocó un fluido intercambio con Brasil y Argentina.
Si bien las exportaciones registraron un
claro aumento y constituyeron un puntal del crecimiento económico, también lo
hicieron las importaciones provocando el déficit de la balanza comercial. Esta
situación deficitaria fue apaliada con el ingreso de los capitales extranjeros
y con el aumento de la deuda externa, que pasó de 956 millones de dólares en
1974 a 1.239 millones en 1978.
En setiembre de 1976 Valentín
Arismendi asumió como nuevo Ministro de Economía y Finanzas en tanto que José
Gil Díaz se convirtió en el nuevo presidente del Banco Central, ocupando dichos cargos hasta 1982. En el último
mes de 1977 se llevó a cabo el cuarto cónclave cívico militar en Solís, allí
fueron planteados los lineamientos que provocarían un reajuste de la política
económica.
Uno de los objetivos estratégicos de este
equipo económico era transformar al país en una plaza financiera, y para ello
era necesario generar un clima económico favorable donde reinara la
estabilización monetaria. Profundizando la línea económica del período anterior
se procuraba mejorar la economía por medio del ingreso de capitales extranjeros
ofreciendo para ello todo tipo de ventajas.
En ese marco se aplicaron una serie de
medidas económicas que apuntaron a privilegiar la actividad financiera: se
anularon los controles fiscales y se abandonó el control de la oferta
monetaria, en 1979 se eliminaron los encajes bancarios obligatorios y las tasas
de intereses fueron liberadas al eliminarse los topes existentes y se amplió el
margen de endeudamiento de los bancos. En ese mismo año el sistema tributario
fue modificado revocando el impuesto que afectaba a los depósitos bancarios y
el que gravaba las ganancias de las inversiones extranjeras.
Un eje central de este período fue la modificación de la
política cambiaria; se creó un sistema de preanuncio del tipo de cambio que fue
conocido como “la tablita”. De esta manera el gobierno informaba con cierta
anticipación cuántos pesos uruguayos valdría cada dólar americano. Este régimen
privilegió la moneda norteamericana frente al peso en el marco de la
llamada “dolarización de la economía”; al tiempo que la imposición del atraso
cambiario elevó el costo de las exportaciones y abarató las importaciones. En el
marco de una política de liberalización importadora se fueron cancelando los
beneficios que, en una primera etapa, se le habían otorgado a las industrias
exportadoras. De esta manera, el mercado interno se vio, progresivamente,
inundado de productos extranjeros. En ese sentido el déficit comercial se
acrecentó durante trienio 1979-1981.
En noviembre de 1981 se realizó, en
Piriápolis, el quinto cónclave; los lineamientos allí aprobados configuraron un
nuevo avance en el proyecto de desarrollo y de liberalización, pero no pudieron
ser aplicados por el estallido de la crisis.
El 25 de noviembre de 1982 el Banco Central se retiró del mercado cambiario anunciando
el abandono del cronograma de cotizaciones anticipadas, este episodio ha sido
conocido como el “quiebre de la tablita”. El gobierno dejó de controlar el
precio del dólar lo que provocó la suba estrepitosa de su valor, en solo dos
días el dólar americano pasó de 13 a 39 pesos uruguayos. Ante esta situación,
en diciembre de 1982 Valentín Arismendi fue sustituido por Walter Lusiardo
Aznárez.
A partir de ese momento se
desencadenó una de las peores crisis económicas de la historia del país
que develó las insuficiencias del modelo económico de la dictadura y la
persistencia de “desequilibrios estructurales que el modo de crecimiento del
período llevaba implícitos (déficit comercial, déficit en Cuenta Corriente,
creciente endeudamiento externo e interno, alta inflación y deterioro de los
ingresos reales de asalariados y usufructuarios de la seguridad social)”.11
A la quiebre de empresas se agregó el
desempleo, que en 1982 registró un aumento considerable pasando del 7% al 12%.
Sumado a esto, se asistió a la profundización de la caída del salario real. Por
otra parte, la fuga de capitales fue acompañada por una persistente caída de
las reservas. Los precios subieron y se desató, nuevamente, un proceso
inflacionario. El endeudamiento externo creció alcanzando los 4.238 millones de
dólares y el déficit fiscal trepó al 9% del PBI12 al tiempo que se producía la cesación de pagos.
En diciembre de 1983, Vegh Villegas fue convocado nuevamente para hacerse
cargo de la cartera económica del país. Una vez más, el estado uruguayo asumió
un rol intervencionista para poder salir de una crisis económica que se
enmarcaba en el proceso de transición política hacia la democracia. En ese sentido la maniobra estatal consistió
en adquirir, a través del Banco Central, los créditos incobrables correspondientes a cinco
instituciones bancarias nacionales para que fueran adquiridos por bancos
extranjeros. Para realizar esta operación –llevada a cabo en junio de 1983- el
Estado tuvo que aumentar su endeudamiento con el exterior en 300 millones de
dólares. Al verse imposibilitado de cumplir con los tiempos acordados con el
FMI, el Estado uruguayo tuvo que acordar con dicho organismo un plan de ajuste
y refinanciación. El país iniciaba su recuperación democrática con un endeudamiento
externo que alcanzó el 90% del PBI.
Hacia el final de la dictadura los intentos liberalizadores iniciados en 1959 así como las pretensiones neoliberales habían fracasado demostrando las flaquezas estructurales de dicho proyecto económico.
El terrorismo de Estado
El terrorismo de Estado se ejerció en
distintas dimensiones y afectó a todo el conjunto de la sociedad uruguaya. Las
prácticas llevadas a cabo por el gobierno comenzaron a manifestarse mucho antes
del quiebre institucional pero se profundizaron y desplegaron en todo su
potencial a medida que transcurrió la dictadura.
Una de las principales características de la estrategia represiva de la dictadura uruguaya fue la del encarcelamiento masivo y prolongado. Aproximadamente 6000 personas fueron procesadas por la Justicia Militar mientras que otras miles pasaron por los centros de reclusión o de detención bajo el régimen de Medidas Prontas de Seguridad o con motivo de ser interrogados.
Una de las principales características de la estrategia represiva de la dictadura uruguaya fue la del encarcelamiento masivo y prolongado. Aproximadamente 6000 personas fueron procesadas por la Justicia Militar mientras que otras miles pasaron por los centros de reclusión o de detención bajo el régimen de Medidas Prontas de Seguridad o con motivo de ser interrogados.
La tortura fue un elemento constante del
régimen y se aplicó de forma rutinaria a los detenidos ya fuera en los
establecimientos destinados para el encarcelamiento o en los centros
clandestinos de detención. Las prácticas de tortura no sólo implicaban el daño
físico sino que también apuntaban al debilitamiento sicológico de las víctimas,
contando para ambas funciones con profesionales de la medicina que prestaban
sus servicios a la dictadura.
El exilio político fue otras de las
dimensiones del terrorismo de Estado, cientos de miles de uruguayos debieron
emigrar por razones políticas. La mayoría de ellos se encontraban requeridos
por la Fuerzas Conjuntas y abandonaron el país en su condición de perseguidos
políticos. Desde el exterior, la mayoría de ellos, organizaron la resistencia a
la dictadura iniciando grandes campañas de denuncia y de solidaridad.
Pero la salida del país no garantizaba la
salvación. El desarrollo de la coordinación represiva regional encuadrada en el
llamado Plan Cóndor, permitió que la represión y persecución traspasara las fronteras. De esta manera, muchos uruguayos fueron
detenidos, desaparecidos y asesinados en Argentina, Chile, Paraguay e incluso enBolivia y Colombia.
El 24 de marzo de 1976 se produce el Golpe
de Estado en Argentina, y a partir de esa fecha se recrudece la persecución de
los uruguayos que se habían exiliado en la vecina orilla; “(...), en 1976 se
desplegó en Buenos Aires una serie de acciones
contra militantes uruguayos pertenecientes a otros sectores de la oposición al
régimen autoritario. Los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz a fines de
mayo fueron los ejemplos más claros de que la coordinación represiva no se
restringió a los integrantes de grupos guerrilleros y de acción directa, aunque
hubo varios intentos de asociar a estos dos líderes con los movimientos
armados. La más obvia de estas tentativas fue la aparición de sus cuerpos
juntos con los de William Whitelaw y Rosario Barredo, dos ex MLN (“Nuevo
Tiempo”) radicados en Buenos Aires. (...).”13
En lo que se refiere al asesinato
político, en las cárceles uruguayas fallecieron 66 personas. Los motivos de
muerte están asociados a los apremios físicos recibidos, a la falta de atención
médica y a la autoeliminación. A su vez 22 uruguayos murieron en
enfrentamientos con las Fuerzas Armadas y otros 13 fueron secuestrados y
asesinados en Uruguay y Argentina.14
Cerca de doscientas personas fueron detenidas y desaparecidas durante la dictadura, aunque antes del Golpe de Estado se produjo la desaparición de dos uruguayos en 1971.
Según las investigaciones realizadas por la
Comisión para la Paz se han confirmado15 168 de las denuncias que
allí se presentaron. De ese total de casos confirmados, 32 personas desaparecen
en Uruguay, 125 en Argentina, 9 en Chile, 1 en Bolivia, 1 en Colombia.
Como podrá apreciarse la mayoría de los
uruguayos son detenidos y desaparecen en la República Argentina producto de la
coordinación entre las fuerzas represivas de ambos países.
Por otra parte es importante señalar que
estos procedimientos se enmarcaron dentro de operativos represivos llevados a
cabo de forma planificada y como producto de minuciosas investigaciones de
inteligencia.
De esta manera pueden registrarse una serie de “oleadas represivas” vinculadas a los objetivos políticos que perseguían las fuerzas de seguridad:
Las oleadas o ciclos represivos con secuelas de personas detenidas desaparecidas, se suceden en los siguientes períodos de tiempo:
1973 setiembre-diciembre. Oleada represiva
contra uruguayos militantes del MLN –T y cientos de exiliados latinoamericanos
residentes en Chile, inmediatamente del golpe que derrocó al Presidente
constitucional, Dr. Salvador Allende.
1975 octubre-diciembre y 1976 enero-junio. Oleadas represivas contra militantes del PCU en Uruguay en el marco del despliegue de la llamada “Operación Morgan”.
1976 abril, junio-julio y agosto-octubre. Oleadas represivas contra integrantes del PVP en Buenos Aires y Asunción del Paraguay.
1976 abril, agosto, noviembre-diciembre y 1977 febrero, mayo-agosto. Oleadas contra militantes del MLN –T enBuenos Aires.
1977 noviembre-diciembre. Oleada contra militantes de la organización argentina Montoneros radicados enUruguay.
1977 diciembre y 1978 enero contra miembros de los GAU, AMS, PCR Y MLN –T radicados en Argentina.
1978 abril, junio-julio y agosto contra militantes PST, anarquistas, PCR y MLN –T radicados en Argentina.
1981 setiembre y 1982 enero. Oleada represiva con militantes desaparecidos de la UJC y PCU en Montevideo.
Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado. 1973-1985.” Tomo I. P.779
Otra de las dimensiones del terrorismo de Estado se concentró en el montaje de una red de vigilancia que no solo permitía el cercenamiento de las libertades sino que apuntaba a la modificación de las relaciones sociales desde los aspectos más cotidianos.
Los servicios de información e
inteligencia desplegaron todo su potencial en aras de desarticular tanto a las
organizaciones calificadas como subversivas como a los espacios dónde las
mismas pudieran propagarse. De esto se desprende el feroz control que comenzó a
ejercerse sobre los medios de comunicación y las diversas expresiones
culturales de la sociedad.
Si bien el montaje de un sistema de
control y vigilancia sobre toda forma de expresión social o ciudadana es parte
de un proceso que cobra fuerza a finales de los años 60, su implementación
legal y normativa data, en algunos casos, de los años 30. Así la censura a los
medios de comunicación, el contralor de radiocomunicaciones, la prohibición de
la difusión de determinadas noticias, la prohibición de libros, autores,
músicos, artistas “antidemocráticos”, etc., quedó establecida legalmente antes
del Golpe de Estado. De todas formas, la dictadura estableció algunas
normativas que le permitieran profundizar sus mecanismos de control. A
modo de ejemplo: en octubre de 1973 se dispone que toda información sobre la
situación del país que fuera enviada al exterior por las agencias informativas,
debía hacerse previa presentación de una copia al Ministerio del Interior. En
1975 la Dirección Nacional de Correos es autorizada a confiscar toda
correspondencia que considere subversiva.
Los medios de comunicación estaban sujetos
a todo tipo de censuras: se controlaban las publicaciones, los programas de
radio y de televisión. Si éstos no se ajustaban a lo que el gobierno estimaba
conveniente eran castigados como mecanismo de disciplinamiento; dichos castigos
implicaban, por ejemplo, la suspensión de la edición de un diario por un
determinado tiempo o su cierre definitivo.
En el caso de las expresiones artísticas,
se realizaba un pormenorizado seguimiento de todas las actividades. Existía
para ello una Comisión de Censura que se encargada de determinar que podía ser
presentado al público. En cuanto a la cinematografía las empresas
distribuidoras debían solicitar autorización para que los films que
comercializaban pudieran ser proyectados. De esta manera, las películas a estrenar
eran presentadas ante la Comisión Censora, generalmente acompañada de algún
grupo de oficiales o militares o de la Policía, quien determinaba si la
película ofrecía escenas tendenciosas y si era recomendable o no su proyección
y establecía si algún pasaje del film sería censurado.
Lo mismo sucedía con los espectáculos de
carnaval, los conjuntos que se presentaban para actuar dentro o fuera del
concurso oficial debían entregar los textos del espectáculo a una Comisión
censora, la cual los aprobaba o rechazaba total o parcialmente. En algunos
casos se realizaban seguimientos específicos a determinados conjuntos, se
asistía a todas sus actuaciones para determinar que no se realizaran
agregados al espectáculo y comprobar el ajuste de sus presentaciones a lo
establecido por la comisión.
A su vez, existían autores y artistas de
distintas disciplinas que se encontraban prohibidos por ser considerados
subversivos. En esos casos estaba totalmente prohibida la difusión de sus
obras y la venta de las mismas, para lo cual se controlaban librerías y
disquerías. En el caso de los músicos se realizaban “escuchas” permanentes de los programas radiales para
verificar que no se trasmitieran canciones de artistas proscriptos.
Los mecanismos de vigilancia implicaban controlar todas aquellas actividades que nuclearan a grupos de personas. Tanto los ámbitos educativos como las comunidades religiosas y todas aquellas formas de organización que fue encontrando la sociedad civil, fueron objeto de investigaciones y seguimientos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.
Los mecanismos de vigilancia implicaban controlar todas aquellas actividades que nuclearan a grupos de personas. Tanto los ámbitos educativos como las comunidades religiosas y todas aquellas formas de organización que fue encontrando la sociedad civil, fueron objeto de investigaciones y seguimientos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.
De esta manera se asiste a una “clausura
de los espacios públicos” que busca impedir todo tipo de formas de expresión
que atentaran contra el orden que se procuraba establecer. Reuniones,
conferencias, festivales, campamentos, todo espacio que facilitara o promoviera
el nucleamiento de personas debía estar previamente autorizado. Al mismo tiempo
un equipo de inteligencia asistía a todas estas actividades para realizar un
efectivo control de las mismas. Incluso aquellos eventos o fechas
conmemorativas oficiales que implicaran asistencia de público, eran objeto de
un riguroso control.
La dictadura generó, pues, un proceso de
restricción en las formas de solidaridad social, en la medida que los
mecanismos represivos sumados a la presencia del “miedo” conducían, en muchos
casos, a que las familias se encerraran en sí mismas y los espacios barriales
de interacción social fueran restringiéndose cada vez más al tiempo que se
imponía, también, la cultura de la sospecha y la delación.
Bibliografía básica recomendada
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COMISIÓN NACIONAL SOBRE LA DESAPARICIÓN DE PERSONAS (CONADEP). Nunca más. Informe de la CONADEP. 3 tomos. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2006.
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___________. Memorias de la resistencia. Montevideo: Banda Oriental, 2002.
COSSE, Isabella y MARKARIAN, Vania. 1975, Año de la Orientalidad:Identidad, memoria e historia en una dictadura. Montevideo: Trilce, 1996.
DEMASI, C. MARCHESI,A. MARKARIAn, V. RICO, A. YAFFÉ, J. La dictadura cívico-militar. Uruguay 1973-1985. Montevideo: Banda Oriental, 2009.
DEMASI, Carlos y YAFFÉ, Jaime, coords. Vivos los llevaron…: Historia de la lucha de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (1976-2005). Montevideo: Trilce, 2005.
DEMASI, Carlos, coord. Cronología comparada de la historia reciente del Uruguay, 2 vols. Montevideo: Fundación de Cultura Universitaria, 1996-2003.
LINK DEL MATERIAL
http://www.1811-2011.edu.uy/B1/content/la-dictadura-c%C3%ADvico-militar-1973-1985?page=show
video para observar:
https://www.youtube.com/watch?v=pfdZrGEV-sw
https://www.youtube.com/watch?v=KFU7iGppBqc
https://www.youtube.com/watch?v=pXuTrIwdc8M&t=1109s
